En noviembre del año pasado los organismos de derechos humanos de Salta denunciaron el abandono del Archivo Provincial de la Memoria. Para ese momento, el lugar donde funciona se inundó por la rotura de un caño, lo que provocó que se mojaran cajas con documentos claves para los juicios por delitos de lesa humanidad, como datos de todos los presos políticos desde la década del 50.
Recién hace dos meses fue designada la directora del Archivo Provincial de la Memoria, Alba Fernández, quien contó a Salta/12 que se emprendieron diferentes acciones interinstitucionales para el resguardo y la preservación de los documentos que forman parte del Archivo. El objetivo es garantizar el acceso democrático a este patrimonio documental.
La funcionaria recordó que toda la estructura edilicia que ocupa actualmente el Archivo, en el segundo piso de la Biblioteca Provincial, se inundó. En 2012 las autoridades de la Biblioteca prestaron un espacio al Archivo de la Memoria para garantizar su funcionamiento. Hasta hoy el Archivo no cuenta con su propio espacio.
"El estado de los documentos era bastante complicado", contó Fernández, quien relató que fue convocada para iniciar la digitalización de todos los archivos. Con ese propósito comenzó un trabajo de recopilación y resguardo desde cero. Luego de la inundación, "las cajas estaban entreveradas" y se tuvo que hacer el acopio, ordenamiento temporal, clasificación e identificación de los archivos.
Ese reordenamiento permitió diferenciar los documentos del gobierno de Salta y del Servicio Penitenciario de la Provincia, partiendo de 1976. También, lo referido al juicio por el secuestro de Miguel Ragone, el médico y ex gobernador de Salta desaparecido el 11 de marzo de 1976. A eso se sumó la recopilación de archivos del gobierno salteño post dictadura.
"En estos dos meses hemos logrado catalogar, ordenar y preservar 3.106 documentos", detalló Fernández. En referencia a los documentos afectados por la inundación, la directora afirmó que "todo lo que se mojó tuvo un proceso de recuperación y hoy está recuperado en su totalidad".
En ese sentido, destacó que la intención de los responsables del Archivo es "resguardar y seguir un proceso donde se cruza lo que es la metodología de archivo con las nuevas tecnologías", en referencia a la digitalización. "Consideramos que es necesario resguardar, preservar e ir hacia la democratización de estos documentos", ratificó.
Además, sobre la línea de preservación de los documentos, Fernández dijo que están trabajando en torno a la educación en clave de derechos humanos, a través de dos iniciativas: una propone la difusión de los hechos históricos propios de la provincia, como el secuestro de Ragone y la Masacre de Palomitas y los asesinatos en El Gallinato. Fernández dijo que esa política se definió para "apuntar a la federalización (de la historia) y tener una comprensión más profunda (de lo sucedido), para saber que hubo situaciones puntuales y procesos históricos que son hitos dentro del terrorismo de Estado".
En segunda instancia, ya se puso en marcha la línea de acción "Archivo en el Aula", que corresponde a la difusión del método del trabajo archivístico y que empezó su prueba piloto en un secundario de la ciudad de Salta. La propuesta también fue presentada ante las autoridades del Archivo Nacional de la Memoria y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
En relación a la falta de un lugar propio para el Archivo Provincial de la Memoria, la funcionaria expresó que se están haciendo las gestiones para conseguirlo. Pero, la primera necesidad de infraestructura es garantizar estanterías para colocar los documentos, debido a que se hallan en cajas colocadas sobre pallets.
La funcionaria también contó que se encontraron documentos que permitirían identificar a más personas desaparecidas en la provincia. Si bien resta que la Nación avale que se trata de nuevas fuentes documentales después de pasar por un proceso de archivo, Fernández dijo que se trata de cartas de familiares que fueron dirigidas al capitán de navío Roberto Augusto Ulloa, quien fue nombrado gobernador de facto en 1977 por dictador Jorge Rafael Videla. Ulloa renunció a la gobernación en febrero de 1983 y jamás respondió por los actos de terrorismo estatal cometidos durante su gestión.
También hay cartas que fueron dirigidas a Videla. La directora del Archivo dijo que allí "se puede observar el circuito institucional de los documentos". A modo de ejemplo, contó el caso de un adolescente de Orán, cuyo padre le escribió una carta a Ulloa pidiéndole que interviniera para dar con el paradero de su hijo. "Hay una respuesta desde la Gobernación donde le dicen que no saben qué pasó", detalló.
Tras relevar tres nuevos casos, Fernández dijo que están esperando una respuesta de la Nación "para ver si es que se amplía el universo de víctimas de lesa humanidad porque no están dentro de las listas oficiales".
La directora también contó que encontraron cartas de esposas de presos políticos, dirigidas a Videla, pidiendo el resguardo de la vida de sus parejas. La dictadura respondió a esas cartas con un telegrama enviado al Ministerio de Gobierno de Salta, que lo derivó a la Jefatura de la Policía, y luego, al Servicio Penitenciario de Salta. "Sus esposos están en perfecto estado de salud", falseaba.
Según Fernández, se puede evidenciar no sólo el circuito institucional de las cartas de familiares, sino también "la negación del Estado sobre los crímenes que estaban ocurriendo".
Recientemente la funcionaria se reunió con el director general del Archivo Central de la Provincia, Pablo Genovese, para acordar tareas de asistencia y cooperación en relación al resguardo y preservación del fondo documental judicial que data de la década que va de 1973 a 1983.
El encuentro de trabajo responde al objetivo de dar cumplimiento eficaz a la función social de los archivos, para que la información de los documentos que se resguarda esté disponible y sea accesible a los organismos productores de la documentación, para el ejercicio de sus funciones y el acceso al derecho a la información y a la privacidad en completa igualdad.
El gobierno señaló en este sentido que el Archivo brinda a la ciudadanía herramientas documentales para el ejercicio de sus derechos y para las generaciones futuras, sirve como instrumento para la reconstrucción de su memoria, aplicando políticas de gestión de calidad.
Por eso, como responsable del patrimonio documental de la provincia, el Archivo de la Memoria tiene como objetivo realizar una gestión sensible y comprometida con las necesidades sociales de la comunidad; promoviendo, impulsando y apoyando actividades con diferentes sectores sociales, desde espacios formativos, integradores y de sensibilización y concientización.
“Contribuir a mantener viva la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidas en la historia contemporánea de nuestra provincia, proporciona un instrumento necesario en la búsqueda de la verdad y la justicia” sostuvo Fernández. También resaltó la decisión del Archivo Central de comprometer asistencia técnica, profesional e insumos para lograr los objetivos de la gestión en favor de las políticas de memoria.
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